Fue la primera sesión especial con la nueva composición del HCD, la que promete interesantes debates durante el año legislativo. El FpV pidió reformar al proyecto para que el Concejo oficie de contralor presupuestario, pero se impuso la mayoría de Cambiemos, con aliados sorpresa.
Al inicio del encuentro, el cuerpo aprobó las licencias de los concejales Pablo de la Torre y María Rosa Silva.
A pedido de la concejal laportista Teresita Navarro, quien reclamó que se expongan los motivos de las licencias y el tiempo por el cual los ediles harán uso de ese derecho, la presidente de bloque de Cambiemos, Ángeles Di Conza, explicó que de la Torre ocupará el cargo de secretario de Salud y Bienestar Familiar, mientras que Silva será subsecretaria de Producción.
En cuanto a los plazos, Di Conza afirmó que el artículo 63 de la Ley Orgánica de las Municipalidades no establece necesaria fecha de inicio ni de finalización de las licencias.
A pesar de que en el punto todos los concejales estaban de acuerdo, se dio un debate en referencia a la judicialización de la licencia del intendente Joaquín de la Torre, ministro de Gobierno bonaerense, a través de una presentación del concejal Francisco La Porta, la que posteriormente fue desestimada por la jueza de San Martín, María Cristina Fernández.
Asumieron los suplentes Maximiliano Franco y Patricia Ledesma.
Posteriormente se debatió el punto convocante de la sesión especial, la adhesión de San Miguel al Régimen Provincial de Responsabilidad Fiscal Municipal, o Pacto Fiscal.
El Frente para la Victoria junto a los monobloques de los concejales José Luis D’agata y Adrían Luque, ausente en el recinto, impulsaron un dictamen por la minoría que buscaba un mayor contralor presupuestario por parte del HCD.
“Se plantea la apertura de cuentas hacia la comunidad y transparencia en la administración, lo que debió funcionar siempre de esa manera”, expresó ‘Pepe’ D’agata, y detalló que la normativa permite “tomar endeudamiento y leasing por fuera del agente financiero natural, el Banco de la Provincia de Buenos Aires”.
“Nosotros no estamos en contra del Pacto Fiscal”, dijo el edil, mientras ponderó las modificaciones del dictamen por la minoría.
Si, en contra de la adhesión se manifestó Bruno Baschetti, quien calificó la adhesión al mismo como “un trofeo que Joaquín de la Torre le quiere llevar a la gobernadora Eugenia Vidal”.
“Esto nos ata de pies y manos a los ciudadanos de San Miguel”, exclamó el kirchnerista, y adelantó que por ley, se deberá reducir la planta de empleados municipales en 1600 trabajadores.
En medio de la discusión, Juan José Castro aprovechó para pegar a su presidente del Partido Justicialista, Humberto Fernández, en plena división que existe en el seno del recientemente asumido Consejo del Partido sanmiguelino.
“La contradicción del presidente del partido que en José C. Paz acompañó el Pacto Fiscal firmándolo como secretario de Hacienda, y en San Miguel tenía que decir otra cosa, por eso los peronistas no tenemos que titubear, que especular, tenemos que avanzar”, exclamó el edil sciolista.
También desde el kirchnerismo, con contundencia, Marcela Viguera aseguró que tanto el Concejo Deliberante como el Municipio pierden total autonomía con la adhesión al Pacto Fiscal, y afirmó que comunas del interior provincial van a recibir mayor coparticipación en detrimento de los distritos del conurbano bonaerense, “donde viven las dos terceras partes de la población”.
“El gobierno de las off shore me habla de transparencia, y en este distrito donde te pueden salir terrenos no declarados en informe de dominio provincial como el Golf Club (de Buenos Aires) de Mauricio Macri”, exclamó la concejal.
Francisco La Porta defendió el dictamen en minoría al que calificó de “propuesta muy superadora para el pueblo de San Miguel, pero para poder cumplir nuestra función debemos tener absoluto acceso irrestricto a la información”.
Finalmente, en defensa del dictamen de la mayoría, que envío el Ejecutivo, Ángeles Di Conza aseguró que municipios gobernados por el peronismo como José C. Paz, Moreno, Bolivar o Villa Gesell, aprobaron sin miramientos el consenso fiscal, que en San Miguel repercutirá en 53 millones de pesos en Coparticipación, y 26 millones de pesos de Fondo Solidario.
La mujer invalidó el dictamen por la minoría al calificarlo de “irregular, inoportuno y cargado de datos de falsedad”, tras lo que ejemplificó con un considerando del mismo en el que afirmaba que San Miguel “nunca adhirió al Régimen Provincial de Responsabilidad Fiscal del año 2005, por lo que pongo a disposición la ordenanza 41 de 2006 en la cual este HCD adhiere a esa Ley Provincial 13295 con la votación afirmativa de los presentes”.
Los ediles votaron nominalmente y se impuso la mayoría de Cambiemos 15 a 8 con el respaldo del massista aliado Ciro Ebi. La sorpresa fue que José D’agata, impulsor del dictamen opositor, acompañó en la votación al oficialismo.
El cierre estuvo a cargo de las barras K, a los que se sumaron varios concejales, con insultos hacia la madre de Mauricio Macri.
