Jorge Luis Álvarez, arquitecto suspendido por el gobierno de Diego Valenzuela tras el derrumbe de una de sus construcciones el jueves en Sáenz Peña, era asesor del ex intendente Hugo Curto en la Secretaría de Obras Públicas y cobraba un contrato municipal. Paralelamente construía edificios fuera de la reglamentación con excepciones que se autootorgaba. El miércoles, horas antes del colapso de una de sus obras, se reunió con el precandidato a intendente Juan Debandi, a quien, junto a otros arquitectos y constructores, le solicitó la vuelta a los permisos de edificación antirreglamentarios.

Nada es casual en Tres de Febrero, y el pasado sigue muy presente, con consecuencias funestas. ‘Bocha’ Álvarez, como lo conocen en el seno del curtismo, se manejaba como pez en el agua dentro del Palacio Municipal durante los años de la anterior administración comunal.
El arquitecto cobraba como asesor, pero su función iba más allá, indican fuentes a este medio: Era la de triangular excepciones para edificar más metros que los reglamentarios, para él y otros arquitectos y constructoras.

Curto y Debandi sabían que el arquitecto del derrumbe era funcionario de su gobierno.

Ese mecanismo aceitado tuvo su fin en diciembre de 2015 cuando el intendente Diego Valenzuela determinó, ante el reclamo de cientos de vecinos, limitar las alturas de las nuevas construcciones a lo que indica el actual Código Urbanistico y revisar las excepciones otorgadas por la gestión de Hugo Curto en su último mandato.

El miércoles por la mañana, en un marco proselitista y mediante una convocatoria del Frente de Todos, un lobby de constructores se reunió con el precandidato a intendente de Hugo Curto, Juan Debandi, a quien le solicitaron la vuelta a las excepciones para construir más pisos que los reglamentarios, en el caso de que el hombre de La Cámpora llegue al poder. Entre esos lobistas estaba el arquitecto Jorge Álvarez, ex funcionario, a quien horas más tarde se le vendría abajo uno de sus edificios, en Sáenz Peña.

El arquitecto del desastre de Sáenz Peña, en el acto de Debandi.

La decisión de la actual gestión de terminar con las excepciones generó el rechazo de los constructores, que ven reducida su rentabilidad, pero tuvo gran aceptación de la ciudadanía. En pocos días más se llevará a cabo una audiencia pública para discutir con distintos representantes de la sociedad un nuevo Código de Ordenamiento Urbano, aggiornado a los tiempos actuales y buscando terminar con prácticas non sanctas que beneficiaban a unos pocos en perjuicio de muchos. Mientras tanto, los desarrolladores buscan por la vía política volver a las construcciones indiscriminadas, como sea, donde sea, y resulte en lo que resulte.