El Ministerio de Seguridad Nacional, por instrucción de la ministra Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal contra la jueza Karina Andrade, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por los delitos de prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado.
La presentación fue radicada en el fuero federal y se fundamenta “en las graves irregularidades cometidas por la magistrada en relación con la liberación de detenidos tras los disturbios ocurridos durante la marcha del 12 de marzo en las inmediaciones del Congreso de la Nación”, explicaron desde el Ministerio de Seguridad.
La denuncia presentada, indicaron, “destaca que la jueza Karina Andrade ordenó la liberación de 114 detenidos sin haber analizado las pruebas, sin considerar los antecedentes penales de los implicados y sin respetar los procedimientos legales vigentes”. Según el escrito, “la magistrada intervino arbitrariamente en un procedimiento de flagrancia, que es competencia del Ministerio Público Fiscal, y tomó su decisión sin contar con los elementos de prueba necesarios”, informaron.
“Entre los detenidos liberados, se encontraban individuos con antecedentes por delitos como lesiones, tráfico de estupefacientes, tenencia de armas de fuego y robo”, explicaron desde la cartera que conduce Patricia Bullrich. “La denuncia también detalla que la jueza dictó su resolución a través de un grupo de mensajería instantánea, sin dejar un registro oficial de su decisión y sin dar intervención formal a la fiscalía”, agregaron.
Cabe recordar que el viernes pasado, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal por los delitos de sedición, atentado al orden constitucional y la vida democrática, y asociación ilícita agravada, señalando como posibles responsables de los hechos al exlíder montonero Mario Firmenich, al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, a su par de Lomas de Zamora, Federico Otermin, y a grupos organizados que habrían promovido los disturbios con fines desestabilizadores.
Los incidentes dejaron un saldo de más de una docena de efectivos policiales heridos, además de graves daños materiales, incluyendo la quema de vehículos oficiales y destrozos en el espacio público. La denuncia señaló que los grupos organizados movilizados incluían barras bravas de distintos clubes de fútbol y que algunos de los manifestantes habrían recibido pagos para participar en los hechos de violencia.
El viernes, en declaraciones radiales, la jueza Karina Andrade consideró que los cuestionamientos que recibió de parte de funcionarios del gobierno nacional por su decisión de liberar a los detenidos “son desafortunados, porque los jueces debemos poder resolver sin que eso conlleve una crítica por algo que yo llevé adelante en el marco de mis funciones”. “Creo que esto afecta la democracia, la dependencia judicial y la división de poderes”, sostuvo.
