A 50 años del inicio de ese proceso represivo.
El sur de la provincia de Tucumán fue protagonista de la consolidación de un movimiento obrero azucarero que nació al calor de la rápida expansión de ingenios azucareros a fines del siglo XIX, tras una larga historia de manejo del cultivo de la caña de azúcar en la provincia.
Se trató de un movimiento que forjó organizaciones sindicales, tales como la Federación Obrera de Trabajadores de la Industria Azucarera, que albergó tanto a trabajadores de surco como a obreros de fábrica de la actividad azucarera, y que se destacó no sólo por las luchas reivindicativas sectoriales, sino también por la formación de gran cantidad de cuadros políticos con un fuerte compromiso de transformación social.
Sin embargo, a mediados del siglo XX este movimiento obrero fue el blanco de ataques tanto económicos como políticos y militares. En el año 1966, el presidente de facto Juan Carlos Onganía firmó el decreto-ley 16926, que sellaba el cierre definitivo de 11 ingenios azucareros, lo que significó la destrucción de una de las principales actividades económicas de la provincia y el desempleo, pobreza y emigración de cientos de familias tucumanas.
Años más tarde, y luego de un breve lapso –entre 1974 y 1975- en el que se lograron reabrir algunos de los ingenios azucareros cerrados, el terror se hizo presente en la provincia. El 5 de febrero de 1975, durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, se firmó el decreto 261/75, a través del cual se autorizó el despliegue del Ejército en la provincia de Tucumán con el objetivo explícito de aniquilar a las organizaciones políticas armadas, en particular a la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez del PRT-ERP, asentada en el monte tucumano.
Este decreto habilitó un proceso represivo sin precedentes denominado Operativo Independencia, que significó un plan sistemático de aniquilamiento y desaparición de personas y que se conformó en el laboratorio de un proceso; que un año después, se extendió a todo el territorio nacional. Allí se crearon –aún en democracia– centros clandestinos de detención, muchos de los cuales se instalaron en los viejos edificios de los ingenios azucareros cerrados en el año 1966.
El Operativo Independencia estuvo al mando de Acdel Vilas, y luego, de Antonio Domingo Bussi. Si bien el objetivo del plan se presentaba como el “aniquilamiento de las organizaciones guerrilleras”, el informe de la Comisión Bicameral Investigadora de las Violaciones a los Derechos Humanos de Tucumán, realizado en el año 1991, demuestra que este no fue el principal objetivo. “Ya en 1975, según consta en los medios de prensa locales y nacionales, cuando fue sustituido en la comandancia de la Brigada de Infantería por el general Antonio Domingo Bussi, el entonces general Acdel Vilas, afirmó que la guerrilla ya había sido derrotada en Tucumán. Sin embargo, el número de víctimas se incrementó notablemente a partir de esa fecha”, indica el informe.
De acuerdo al mismo informe, “la estadística indica que el mayor porcentaje de personas secuestradas y desaparecidas desde el Operativo Independencia correspondió a obreros de fábrica y surco de la industria azucarera, peones rurales y obreros de la construcción”. Lo que demuestra que el principal blanco de esta ofensiva fueron las bases y dirigencias del movimiento obrero organizado.
A 50 años, las consecuencias del Operativo Independencia -y de la última dictadura cívico-eclesiástica-militar que le dio continuidad– se expresan tanto en la falta de aquellas y aquellos luchadores sociales que desaparecieron como en las políticas de largo alcance que, fruto de dicho disciplinamiento social, profundizaron la concentración económica, la desigualdad social, la extranjerización de la economía y la precarización de las condiciones de trabajo. Políticas que asentaron un patrón de acumulación que –a pesar de iniciativas políticas que intentaron revertirlo a partir del año 2003- hoy está cada vez más profundizado, afectando a las grandes mayorías.
