Así lo decidió el gobierno de Javier Milei, que le quitó al organismo las facultades necesarias para otorgar créditos usando los activos disponibles en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
A partir del decreto 1039/24 publicado ayer en el Boletín Oficial, el gobierno nacional definió que ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, ya no tendrá las facultades necesarias para otorgar créditos usando los activos disponibles en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
La medida se encuadra dentro de lo normado por la llamada Ley Bases, y “propicia una mejora en el funcionamiento del Estado y una gestión pública más eficiente al optimizar las competencias de ANSES en relación a su función principal que es la de administrar los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para asegurar la sostenibilidad y la preservación de sus activos, en beneficio de los contribuyentes del sistema de seguridad social”, explicaron en un comunicado.
Asimismo, indicaron que el resultado de una auditoría realizada sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, muestra “una significativa diferencia en las tasas de las líneas de crédito otorgadas por ANSES y las otorgadas por los bancos y el mercado en general, lo que generó un perjuicio evidente a la rentabilidad y sostenibilidad” del mencionado fondo.
“El Fondo de Garantía de Sustentabilidad no fue creado para funcionar como un fondo de crédito, sino para garantizar la sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino y, por lo tanto, sus activos deben ser invertidos en instrumentos que garanticen la preservación de su valor”, recalcaron en el envío de prensa emitido por ANSES.
También, se destaca que “el otorgamiento de financiamiento es una actividad que puede ser desempeñada de manera eficiente y competitiva por el sector privado, que cuenta con los recursos y la capacidad para ofrecer productos crediticios bajo la supervisión del Banco Central y que, de hecho, actualmente tanto instituciones financieras públicas como privadas poseen líneas de crédito activas dirigidas a jubilados y pensionados, lo que evidencia la capacidad del sistema financiero para atender esta demanda”. En otras palabras, un corrimiento del Estado.
Estos créditos, dirigidos a jubilados y pensionados; beneficiarias de pensiones no contributivas para madres de 7 hijos o más; titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor; beneficiarios de la pensión para veteranos de guerra; y trabajadores en relación de dependencia, tenían una tasa de interés anual mucho más conveniente a la que ofrecen instituciones financieras y privadas, dado que apuntaban a un sector social de mayor debilidad económica.
Los montos del préstamo, al menos así fue en la última edición de este programa crediticio, eran de 600 mil pesos para jubilados y pensionados, y de 1 millón de pesos para trabajadores en relación de dependencia. Ahora, jubilados, pensionados y asalariados se quedan sin la posibilidad de acceder a estos pequeños empréstitos con tasas de interés amigables que mayormente eran destinados a compras de electrodomésticos de línea blanca o pequeñas refacciones en el hogar, y generaban, sin dudas, consumo y movimiento económico.
El decreto será revisado por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, conforme lo establece la normativa vigente.
