Tres de Febrero

Martín Jofré se sumó a los intendentes de zona norte y presentó un amparo para la continuidad de clases presenciales

El concejal de Tres de Febrero, perteneciente al espacio Tercera Posición, presentó un amparo “en defensa de la educación presencial de los niños, jóvenes y adultos de nuestro querido distrito”.

La presentación recayó en el Juzgado Federal Contencioso 2 de San Martín, mismo foro judicial que deberá decidir en base a los recursos presentados por los intendentes de Vicente López, Jorge Macri, y de San Isidro, Gustavo Posse.

El edil compartió en redes un escrito donde argumenta su decisión de judicializar la decisión presidencial ante el alza de casos de coronavirus.

“Mal podría desempeñar los intereses legislativos que el pueblo de Tres de Febrero ha colocado en mi custodia -artículo 25 de la Ley Orgánica Municipal- si no ejerciera como primera medida la defensa de todos y cada uno de los derechos que lo asisten, empezando claro está, por aquellos consagrados en nuestra Carta Magna”, escribió Jofre. Y agregó: “En el argumento, entre otras cosas, requerí se dicte una medida cautelar para que la matrícula escolar en todos sus niveles concurra de manera presencial a los establecimientos educativos con asiento en el distrito que legislativamente represento, garantizando de esa forma el derecho al acceso a la educación integral”.

“Entendí que de mantenerse el decreto presidencial se verá irremediablemente afectado el derecho constitucional a la educación y la salud psíquica y física, y más aun, considerando que en el año 2020 no se ha desarrollado actividad escolar presencial en ninguno de los niveles, perdiéndose un ciclo lectivo completo sin acceso a la educación, situación provocada por la impericia, negligencia y arbitrariedad de las medidas adoptadas por las autoridades nacionales y provinciales”, agregó el concejal de Tercera Posición.

Para él, “el cierre de las aulas ha tenido efectos en la salud psíquica, en algunos casos con consecuencias físicas, y también en la seguridad personal de los niños y niñas, ya que el hacinamiento en algunos hogares ha aumentado su riesgo de enfermedad, a más de potenciar la ocurrencia de casos de violencia doméstica, datos fácilmente corroborables mediante las estadísticas disponibles”. “Esta circunstancia se ve acrecentada con la desigualdad manifiesta que genera la suspensión de la presencialidad en las escuelas, debido a la falta de conectividad de aquellos sectores con condiciones económicas más débiles”, sentenció Martín Jofre.

Por último, aclaró “que no se desconoce la existencia de la pandemia, pero ello por sí solo no habilita a la violación sistemática de los derechos constitucionales reconocidos a las personas, arrancando desde la libertad, pasando por la salud y afectado gravemente a la educación, máxime, cuando las medidas que fundamentaron el dictado del primer decreto, allá por el año 2020, eran las de acrecentar el sistema sanitario del país en su conjunto, y el Poder Ejecutivo nacional en nada ha demostrado su intento por llevar adelante esa tarea, sorprendiéndonos hoy en día con un nuevo decreto que pretende restringir -ante su inacción pasada- nuevas garantías a los habitantes”.

 

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