En la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante de San Martín se aprobaron varios proyectos cuestionando medidas tomadas por los gobiernos nacional y provincial. Cambiemos rechazó estos expedientes, y todos los ediles de esa bancada se retiraron de la sesión durante el debate, argumentando que los mismos, como es uso y costumbre, obtuvieron el visto bueno antes de la discusión. Pidieron cambiar el mecanismo de votación.

La jornada contó con la asistencia de 22 ediles, dadas las ausencias de los legisladores de Cambiemos, Isabel Álvarez y Daniel Mollo.

Primeramente, Ignacio Ruberto, también de Cambiemos, pidió que se cambie el mecanismo de votación que desde hace años utiliza el Legislativo sanmartinense. Allí, los expedientes se aprueban en bloque y en una sola votación. Luego de esto es cuando se llevan a cabo los debates.

Lo que propuso el concejal es que primero se expongan los argumentos y luego se lleve a cabo la votación. Su moción no fue acompañada, aunque desde el oficialismo y desde otras bancadas opositoras, como la del Frente Renovador, se comprometieron a discutir, en las próximas reuniones de labor parlamentaria, un nuevo mecanismo para dar curso a los proyectos.

Seguidamente, se aprobaron en conjunto todos los expedientes incluidos dentro del orden del día. La gran mayoría obtuvo el visto bueno por unanimidad, otros fueron rechazados por el bloque de Cambiemos.

Como es uso y costumbre en el Concejo Deliberante, tras esta instancia se levaron a cabo las exposiciones, y primero se habló de la adhesión del Municipio a la Ley de Cupo Laboral Trans, ordenanza que fue acompañada por todos los concejales presentes. “Celebro que aprobemos esto en un momento donde muchos pierden derechos”, destacó, desde Unidad Ciudadana, Hernán Letcher. El expediente había sido presentado en el año 2016 por el entonces edil Julián Ríos, quien se acercó al recinto y festejó la decisión del cuerpo.

También por unanimidad se aprobaron dos convenios con el gobierno provincial para llevar a cabo obras de pavimentación en el distrito; y la declaración de ciudadana ilustre en favor de Mirta Acuña de Baravalle, integrante de la organización Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

La polémica se dio cuando algunos legisladores comenzaron a hablar de los expedientes vinculados al repudio a medidas tomadas por los gobiernos nacional y provincial. Los representantes de Cambiemos, argumentando que los proyectos ya habían sido aprobados y que no era necesario el debate, se levantaron de sus bancas y se retiraron del recinto. Ese bloque había votado en contra de los mismos.

Uno de estos puntos fue el presentado por los ediles Juan Eslaiman, del Frente Renovador, y Hernán Letcher, de Unidad Ciudadana, que también contó con el respaldo del katopodismo, mediante el cual se rechaza la tentativa de vulneración de la ley provincial que regula el servicio de las farmacias bonaerenses, a efectos de lograr el desembarco de la cadena Farmacity en la provincia de Buenos Aires.

“Era trascendental aprobar este proyecto en defensa de actividad farmacéutica y sus trabajadores. Por cada Farmacity que abre cierran nueve farmacias, eso es competencia desleal que además genera una concentración geográfica que va en detrimento de todos los vecinos”, sostuvo el referente del kirchnerismo. Por su parte, el massista expresó que “es una cuestión de salud pública”. “Lo que buscan son excepciones e ingresar en la provincia sin las restricciones de la ley”, añadió, e hizo referencia a la delicada situación judicial del vicejefe de Gabinete nacional, Mario Quintana, en relación a las acciones que todavía posee en la cadena de farmacias y que conllevan a un conflicto de intereses.

Otros dos proyectos aprobados se relacionan con la ley que reforma el régimen previsional de los trabajadores del Banco Provincia. Uno plantea el rechazo a esta medida; el otro le solicita a la Corte Suprema bonaerense el urgente tratamiento del pedido de inconstitucionalidad de la norma presentado por el gremio La Bancaria, cuyos representantes estuvieron en el recinto.

La concejal peronista, Georgina Bitz, se refirió a estos puntos y remarcó que la sanción de la ley se llevó a cabo “sin el consenso de los trabajadores”, y entendió que “sienta un antecedente riesgoso para otras cajas”. Recordó también que la ley eleva de 57 a 65 años la edad mínima para obtener el retiro, y que baja del 82 al 70 por ciento el porcentaje de salario que se reconoce para el haber.

“Los trabajadores del Banco Provincia no cobran jubilaciones de privilegio, tienen un régimen de jubilación diferente porque aportan el doble que otros trabajadores”, destacó, y sentenció: “Este gobierno avanza sobre derechos adquiridos, por eso repudiamos esta ley”. Para cerrar, defendió el pedido de declararla inconstitucional.

La edil Mirta Ward, del Frente Renovador, se sumó al rechazo a la medida, y alertó por una posible privatización de la entidad. “Queremos que el banco siga siendo del Estado provincia”, declaró.

Los otros puntos rechazados por Cambiemos y que generaron la salida del bloque del recinto se relacionan al repudio del Concejo Deliberante a la decisión del presidente Mauricio Macri de buscar financiamiento en el Fondo Monetario Internacional; y al rechazo del Legislativo a las declaraciones de la gobernadora María Eugenia Vidal sobre el acceso de los pobres a la universidad pública.