“Los números que plantea el Ministerio de Energía sólo van a cerrar con la gente adentro del esquema. Cuando se plantean políticas públicas de exclusión, la historia nos demuestra, que al final no cierra nada”, expresó la funcionaria escobarense.

En ese sentido, planteó que “el incremento en la tarifas de los servicios públicos esenciales deben subordinarse a las partidaria, a fin de que los trabajadores y jubilados puedan mantener el valor adquisitivo de su salario y no ingresar en la pobreza energética”. “Por el bien de todos, esperamos que el gobierno pueda ver, de una vez por todas, está demanda de la sociedad”, sentenció.

Estas declaraciones fueron en el marco del plenario realizado en la ciudad de Viedma, la Defensora del Pueblo de Escobar, Rocío Fernández, junto a colegas de todo el país, ratificaron la postura expresada en las audiencias públicas realizadas en distintos puntos de la Argentina para definir el valor de las tarifas de servicios públicos y exigieron “el respeto irrestricto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de proporcionalidad, gradualidad, razonabilidad y no confiscatoriedad”, para que los ciudadanos puedan acceder sin restricciones a los servicios básicos.

Consultada sobre las conclusiones de la jornada, manifestó: “En el documento final del encuentro celebrado en la provincia de Río Negro propusimos tarifas subordinadas a las paritarias para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras y de los jubilados, jubiladas y pensionados”.

“Asimismo, reiteramos la necesidad de ampliar la tarifa social, en especial a familias en situación socio económica vulnerable. Y consideramos que también debe implementarse “tarifas regionales y tarifas especiales para empresas según la modalidad de producción”, añadió la funcionaria.

Por su parte, informó que los Defensores del Pueblo se manifestaron a favor de la concreción de un Plan Nacional de Desarrollo Energético, elaborado entre el gobierno y las fuerzas políticas, “que se convierta en política de Estado y que trascienda una gestión de gobierno, con amplia participación de todos los sectores, instituciones públicas y privadas con injerencia en el tema, trabajadores, empresarios, organizaciones no gubernamentales, universidades y Defensorías del Pueblo”.

Además Rocío Fernández agregó: “Los Defensores del Pueblo del país también ratificamos la política de equidad, señalando que la tarifa debe aplicar “aumentos para quienes consuman residencialmente gas y luz en exceso, y teniendo una capacidad económica superior como grupo familiar”.

En esa línea, propusimos “una política de promoción y concientización en el uso racional de la energía con intervención del Estado para promover sustitución de electrodomésticos, instalación de paneles solares, impermeabilización y aislamiento de las viviendas, bajo los principios de uso de energía renovable, eficiencia energética, construcción sostenible, movilidad eléctrica y alternativa”.

Finalmente, la Defensora del Pueblo de Escobar concluyó: “Exigimos a los entes reguladores que cumplan con el rol que les corresponde, que es el control de las empresas concesionarias de servicios públicos en sus inversiones y obras, y defensa irrestricta de los usuarios. Proponemos como objetivo la eliminación en toda la República Argentina de la pobreza energética entendida como la falta de acceso al agua potable y a la red cloacal y a la no afectación de más del diez por ciento de los ingresos familiares para el pago de los servicios públicos”.